7.9.09
La libertad de prensa no se condiciona, se respeta
Como correspondía, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha salido al frente de las recientes medidas aplicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que generaron el cierre de La Voz de Bagua. Y es que, como ha investigado y comprobado el reconocido organismo autorregulador, no existen pruebas suficientes que acrediten que la radio participó ilegalmente en los trágicos sucesos ocurridos en esa ciudad hace tres meses.
Ante esto preocupa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no haya sustentado ante el CPP la validez de las denuncias —no comprobadas— que originaron el cierre de la radio. Pero además que castigue a un medio de comunicación con una sanción que pone en entredicho compromisos con la defensa de las libertades que el Estado Peruano ha suscrito.
Nos referimos a la Declaración de Chapultepec, documento supranacional ratificado no solo por este gobierno sino también por los de Alejando Toledo y Valentín Paniagua, que en su principio número 7 precisa lo siguiente: "Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".
Bajo este postulado, si los propietarios de La Voz de Bagua hubiesen contravenido la ley o cometido los delitos que se les atribuyen, probablemente, debieron ser denunciados ante los tribunales, pero de ninguna manera ser penalizados con el cierre del medio. Una sanción más cuestionable aun si las denuncias en su contra son supuestos, que no acreditan tamaño castigo ni la culpabilidad de la radio o de sus periodistas.
Corresponde, pues, que el Gobierno deje sin efecto la clausura porque no solo afecta las libertades de prensa y expresión en nuestro país, sino que marca un oscuro precedente en la forma en que el gobierno del presidente Alan García ha venido conduciendo las relaciones con el periodismo y con el respeto a derechos que deben garantizarse, más allá de cualquier consideración.
Amplia fue ya la controversia que generó la malhadada iniciativa del congresista aprista José Vargas, para aprobar el Proyecto de Ley 2971 sobre una nueva regulación al derecho de rectificación, que oportunamente fue rechazada incluso por su propia bancada. Estos errores no deben repetirse ni el Gobierno, incurrir en ellos.
Por eso coincidimos con el CPP en rechazar el cierre de la radio La Voz. Así como no creemos en el uso de la violencia como medio para la resolución de conflictos como el de Bagua, sino en el diálogo y la concertación; tampoco podemos convalidar medidas coercitivas que ponen en riesgo la independencia informativa, la democracia y el futuro de nuestra sociedad.
La libertad de expresión es la base sobre la cual se asienta el resto de las libertades. Es más, como señala la Declaración de Chapultepec: "Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión", porque "prensa libre es sinónimo de expresión libre".
